Financiación del Sistema Sanitario

El Modelo de financiación del sistema sanitario español.

El gasto sanitario público en España es relativamente bajo y ocupa los últimos lugares de los países más desarrollados de la OCDE con un gasto total de 3.072 dólares por habitante, 250 dólares menos que la media de estos países.
En los últimos 20 años el crecimiento ha estado también por debajo de la media de estos países.
A pesar del bajo nivel de gasto y su moderado crecimiento presenta unos mejores indicadores de salud (esperanza de vida o mortalidad infantil, por ejemplo) que los países más desarrollados de la OCDE.
Por tanto, resulta incomprensible, desde el punto de vista de la racionalidad y de la eficiencia, que el actual gobierno pretenda cambiar el modelo de Sistema Nacional de Salud por el de aseguramiento sanitario, algo que sólo se puede justificar por ideología o intereses.

La política sanitaria del gobierno del PP está dirigida a desmantelar la Sanidad Pública para facilitar su privatización

Paradójicamente, a pesar de estos buenos resultados, la política sanitaria del gobierno está orientada a desmantelar, descapitalizar e privatizar.
Se recorta el presupuesto sanitario, muy por encima de países de nuestro entorno. España está a la cabeza de los recortes del gasto sanitario en la Unión Europea, por detrás únicamente de Grecia. Como vimos anteriormente, esta reducción no guarda relación con un exceso de gasto y carece de justificación y pone en riesgo su mantenimiento. El recorte del presupuesto ha sido del 11,7% en el año 2014 respecto del 2008 (año de inicio de la crisis) con un recorte acumulado en los seis últimos años de 4.700 millones de euros. Es decir, que los recortes no se deben al exceso de recursos ni a un funcionamiento ineficiente.
Por el contrario, el desmantelamiento y privatización del sistema sanitario público está asociado a la potenciación del sector sanitario privado. No son los inexistentes problemas de nuestra Sanidad Pública la razón –aunque en ocasiones se esgriman como falso pretexto-, sino que son los intereses ideológicos y de rentabilidad económica empresarial los que realmente motivan los cambios.
El gasto sanitario privado se distribuye entre gasto en conciertos (20,6%) y pagos directos de los ciudadanos (76,6%). El gasto privado ha experimentado un importante crecimiento en torno al 35% desde el comienzo de la crisis. Los conciertos y la cesión de la atención de los funcionarios a las aseguradoras privadas (MUFACE, MUJECU e ISFAS), junto con las desgravaciones fiscales de los seguros privados complementarios, suponen el 20,6% del gasto privado. El gasto por asistencia privada pagada directamente por la población supone el 76,6% del mismo y ha experimentado un crecimiento del 15% en los últimos 10 años. Los gastos administrativos-burocráticos supusieron el 28% del gasto total privado, cifra 10 veces inferior al 2% de gastos burocráticos del sistema público, lo que desmiente las acusaciones de los sectores neoliberales de que la gestión pública es burocrática y despilfarradora, que sirven de coartada para plantear la necesidad de privatizar la gestión del sistema sanitario (mejorar su eficiencia).
Es obvio que todo lo que deteriore la asistencia pública, como los recortes económicos, incrementa la ineficiencia, deteriora la calidad, aumenta las demoras y, en definitiva, hace decrecer la satisfacción de los usuarios. Y los usuarios insatisfechos y en largas listas de espera para consultas, pruebas e intervenciones quirúrgicas ponen sus ojos en seguros privados. Y, si pueden, los contratarán. Si deliberadamente desde la administración se deteriora la asistencia pública, la frase hasta ahora falsa de que lo privado es mejor que lo público, acabará siendo cierta… al menos para quien se la pueda pagar, obviamente.
En los últimos años, han crecido mucho los conciertos con el sector privado (un 34,2% entre 2002 y 2011), aunque se han ralentizado discretamente a partir del inicio de la crisis en el año 2008, lo que significa que las empresas y aseguradoras privadas sobreviven gracias a las subvenciones públicas. Las empresas privadas realizan el 12% de las intervenciones financiadas con fondos públicos y el 63% de la provisión hospitalaria privada tiene financiación del Estado (curiosa paradoja).

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Texto extraído del libro «La sanidad no se vende» de Hixinio Beiras Cal, Marisa Fernández Ruíz, Sergio Fernández Ruíz, Luisa Lores Aguín, Manuel Martín García, Luis Palomo Cobos, Pablo Vaamonde García y Marciano Sánchez Bayle.