Políticos e FarMAFIA: culpables

 Políticos y FarMAFIA: culpables

¿Deben pagarse 25.000 euros por un medicamento cuyo coste de producción no alcanza los 115?

La lucha de los afectados por la he­patitis C ha permitido destapar uno de los principales problemas que arrastra el Sistema Sanitario des­de la aprobación hace ya casi 30 años de la Ley General de Sanidad (1986): su dependencia absoluta de Farmaindustria (FarMAFIA) al ha­ber renunciado en aquellas fechas, TODOS los partidos políticos, a la creación de un sistema «público» de investigación y producción de medicamentos.

Hoy nos encontramos con que el coste de producción del Sovaldi (Sofosbuvir) para un tratamiento de 12 semanas para la hepatitis C, es de alrededor de 100 €, pero la multinacional Gilead exige en Espa­ña unos 25.000 €. Al ser necesario combinar el Sovaldi con otro fárma­co, el coste de cada tratamiento se dispara hasta los 40.000 €/pacien­te. Solo tratar a los 35.000 pacien­tes más graves a este precio supon­dría unos 1.400 millones de €, el 10% del gasto farmacéutico anual de toda España (unos 14.000 mi­llones) para una sola enfermedad). Aceptar el chantaje de las multina­cionales es lo que pone en riesgo el sistema sanitario, no las necesida­des de los pacientes.

¿Cuál es la salida?

El gobierno puede emitir una «licen­cia obligatoria»1 para producir un me­dicamento genérico aunque esté pa­tentado por una empresa, incluso sin su consentimiento, debido a necesi­dades de salud pública. Además, la Oficina de Patentes de la India acaba de fallar contra la patente sobre So­valdi, al demostrarse que no supone una innovación que justifique la peti­ción de la patente, lo que permite a India fabricarlo como genérico.

Se debería denunciar la patente en la misma línea que se ha hecho en la India y en Europa ha anunciado Médicos del Mundo, para fabricarlo directamente. Al haberse demostra­do que Sovaldi no supone innova­ción alguna, cualquier otro acuerdo del gobierno con Gilead, aunque suponga una rebaja sustancial del precio actual, demostrará los inte­reses coincidentes de políticos y la industria farmacéutica para lucrarse a costa de nuestra salud.

[1] Artículo 31 del acuerdo ADPIC de la OMC. El Acuerdo de Doha sobre Propiedad Intelectual y Sa­lud Pública (de la Organización Mundial del Comer­cio) autoriza a limitar los derechos de propiedad intelectual en caso de necesidad de salud pública.

Mientras los pacientes siguen sin tratamiento, ¿qué está ocurriendo?

El sufrimiento de los pacientes de Hepatitis C y sus familiares, cons­tituye el reclamo perfecto para que todo tipo de fuerzas políticas quie­ran rentabilizar este problema, más en año electoral. Las propuestas de actuación ante el Parlamento Eu­ropeo u otras instancias institucio­nales solo buscan ofrecer la falsa imagen de que nuestros problemas se solucionan «delegando». No se enfrentan al chantaje de las multi­nacionales, y dejan abiertas las go­losas «puertas giratorias».

Tampoco las «sociedades cientí­ficas de medicina» han apoyado públicamente la fabricación del genérico, lo que genera grandes dudas respecto a sus relaciones con Farmaindustria. Prácticamente todos los congresos médicos están financiados por la industria; casi no existen canales de investigación que no estén financiados por la mis­ma, y la formación que se da en to­das las Facultades de Medicina está controlada por el negocio de los me­dicamentos. En aras de la transpa­rencia, las «sociedades científicas» deben de hacer públicas las sub­venciones que hayan podido recibir de Farmaindustria.

El gobierno acaba de anunciar el Plan Estratégico Nacional para el Abor­daje de la Hepatitis C, prometiendo «tratar a los enfermos en F 2, F 3 y F 4, así como algunos casos en F 0 y F 1», pero sin dar ni cifras reales de afecta­dos, ni plazos, y lo que es más peli­groso, sin memoria económica o plan financiero ninguno. Desde CAS duda­mos de la realidad de este Plan, ya que a los precios actuales, tratar a cientos de miles de potenciales pacientes es sencillamente imposible.

Las dificultades para el acceso a fár­macos de última generación para muchas enfermedades se va a incre­mentar en los próximos años, y los pacientes no van a poder tratarse si seguimos dejando en manos de FarMAFIA la producción de medica­mentos básicos. Somos el segundo país del mundo en consumo de medi­camentos y no por eso estamos más sanos. Eso sí, gastamos en farmacia casi 1 de cada 4 € dedicados a sani­dad, algo absolutamente escandalo­so y que solo beneficia a los accionis­tas de Farmaindustria.

Por todo ello la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad:

1º APOYA DECIDIDAMENTE las mo­vilizaciones de pacientes, fami­liares y población en general con el convencimiento de que sólo mediante la lucha mantenida en el tiempo podremos imponer la prioridad de las necesidades de las personas sobre los intereses económicos de las multinaciona­les y de los políticos a su servicio.

2º EXIGE AL GOBIERNO que adop­te todas las medidas necesarias para poner a disposición de los pacientes de Hepatitis C los medi­camentos necesarios, imponien­do la primacía de las necesidades de salud sobre los derechos de patente.

3º EMPLAZA AL GOBIERNO ACTUAL Y A TODAS LAS FUERZAS POLÍTI­CAS A ACOMETER UNA POLÍTICA INTEGRAL DE USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO QUE EXIGE:

— Poner en marcha una indus­tria farmacéutica pública que fabrique y distribuya los medicamentos esenciales de forma que se garantice el acceso a todos los fármacos realmente útiles a quienes los necesiten.

— Derogar todas las normas que imponen el copago de medi­camentos de uso hospitala­rio, a las personas pensionis­tas y el aumento del copago para las activas. Medicamen­tos gratuitos para todas las personas desempleadas.

— Eliminar del Registro todos los medicamentos inútiles, per­judiciales para la salud o con precios comparativos injustifi­cadamente elevados. Todos los medicamentos admitidos en el Registro deberán tener finan­ciación del sistema público.

— Dispensar directamente los medicamentos en los centros sanitarios a la dosis necesaria.

— Prohibir la financiación por parte de la industria farmacéu­tica de congresos, actividades científicas y de investigación, que deberán ser sufragadas con fondos públicos.

— Acabar con todo tipo de publi­cidad de medicamentos.

Madrid, marzo de 2015

www.casmadrid.org

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.

Subir ↑

A %d blogueros les gusta esto: